La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se establecía en nuestro ordenamiento jurídico como un punto y seguido a la proclama del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo establecida en el artículo 14 de nuestra Constitución, y articula la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, aspecto éste también recogido en la Constitución (art. 9.2).
Establece la citada Ley, en su artículo 14.4, como uno de los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos, "La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones".
Pero después de 13 años de la mencionada Ley, ¿podemos hablar de una equilibrada participación de las mujeres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones?.
En las elecciones de abril de 2019, España se convertía en el país de la Unión Europea en contar con el Congreso más paritario de toda Europa. El porcentaje de mujeres parlamentarias se situó en el máximo histórico del 47,4%, con 166 mujeres.
Poco duró la alegría en casa del pobre. La exaltación de ser el país más igualitario en este aspecto, se volvió en un nuevo retroceso en las expectativas de igualdad que proclaman los poderes públicos tras las elecciones de noviembre de 2019. En total, en la actualidad hay un 43,1% de diputadas, 151 en total, lo que supone la presencia de 13 diputadas menos que en la legislatura anterior.
A pesar de que estos porcentajes se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la Ley de Igualdad en cuanto a la representación equilibrada en política (al menos un 40% de cada género por tramos de cinco candidatos y candidatas), y aunque no permite que ningún sexo supere el 60%, ésta no delimita quién tiene que ocupar los primeros puestos, algo lógico por otro lado, ya que de lo contrario supondría una discriminación al género contrario.
Es en este punto, a mi juicio, donde los distintos partidos políticos están fallando en la escalada hacia una igualdad real y efectiva. Las mujeres que ejercen el liderazgo en nuestro parlamento nacional siguen siendo las segundas.
Los líderes de los principales partidos políticos son casi todos hombres. Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (UNIDAS PODEMOS) y Santiago Abascal (VOX). Tan sólo Inés Arrimadas (CIUDADANOS) representa el liderazgo de una mujer en un partido político. Pero es más, tan sólo 4 de los 19 presidentes de las Comunidades Autónomas (incluidas Ceuta y Melilla), son mujeres, y por tanto líderes en sus instituciones, organizaciones o gobiernos, con poder de decisión.
Por tanto y según los datos estadísticos, a pesar de que en España nos encontramos en unos márgenes "legales" en la cuestión de paridad y representación equilibrada en política, la toma de decisiones sigue siendo representada en los hombres, circunstancia ésta que representa un claro desequilibrio y una evidente desigualdad en los poderes públicos.
"En casa del herrero, cuchillo de palo"
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